El transporte en autobús y autocar supone hoy en día la mitad de los desplazamientos, en modos colectivos, de
las personas en España y representa el mejor ejemplo presente y futuro de una movilidad responsable,
sostenible y eficiente.
En este sentido, la colaboración público-privada en la movilidad es una herramienta estratégica
para las administraciones públicas a la hora de abordar los retos de la movilidad y los cambios sociales, medioambientales, tecnológicos y de innovación, apoyándose en la acreditada experiencia de
los operadores de transporte en autobús y autocar para gestionar todo tipo de contratos con la máxima
eficiencia y calidad.
La movilidad es un derecho ciudadano y su garantía es responsabilidad de las administraciones
públicas a través del diseño de una red y sistema de transporte público colectivo en autobús y autocar
que satisfaga las necesidades de la población y busque ante todo la rentabilidad social. La organización
de estos servicios está condicionada por la distribución irregular de la población. Por ello, los mapas
concesionales de todas las administraciones deben coordinarse y consensuarse.
Los nuevos mapas concesionales para el transporte en autobús y autocar han de suponer una
mejora respecto a la situación actual, permitiendo la reorganización y modernización de muchos itinerarios, especialmente en aquellos territorios que acusan menor demanda, y fortaleciendo aquellos donde ahora existe mayor presión poblacional, con nuevos desarrollos de transporte a la demanda.
Asimismo, los nuevos mapas concesionales deberán ser ambiciosos para evitar efectos económicos indeseables en forma déficit de explotación que no deben recaer sobre los operadores de transporte, sino que deben ser cubiertos por el erario público al tratarse de servicios que garantizan un derecho ciudadano. Las nuevas tecnologías están llamadas a jugar un papel importante a la hora de configurar los nuevos mapas y la organización de servicios por su facilidad para analizar datos e información que permitan mejorar la oferta existente, captar demandas no cubiertas e incluso descubrir nuevos nichos de mercado.
La colaboración público-privada en el transporte de viajeros por carretera es un modelo de éxito en España, especialmente en los ámbitos interurbano y de servicios especiales, pero todavía debe reproducirse más en el transporte urbano de nuestro país. Cada vez habrá mas personas viviendo en las ciudades, por lo que sus necesidades de movilidad aumentarán. Ello requerirá más inversiones para abordar más demanda, desplegar costosas soluciones innovadoras en infraestructuras y tecnologías, así como cumplir con los retos políticos de carácter medioambiental. Habida cuenta del problema de déficit de las administraciones locales, solamente liberando recursos a través de la externalización de la gestión de los servicios de movilidad urbana se podrán conseguir cumplir los objetivos y responder a todos los retos y demandas de forma eficiente.
En este contexto, la colaboración público-privada precisa de un marco jurídico seguro y estable que facilite el desarrollo del modelo concesional y de contratación pública de la movilidad de las personas, con unos pliegos técnicos y administrativos que sean claros y atractivos, que apuesten por la mejor relación calidad-precio y que se cumplan por ambas partes, y suprimir los obstáculos normativos que constriñen la capacidad de adaptar las tarifas a la evolución real de los costes de las empresas.
Las licitaciones públicas de todos los servicios de transporte en autobús y autocar deben ser equitativas y equilibradas, de manera que los aspectos económicos no sean el requisito principal, sino que se prime la sostenibilidad desde el punto de vista social, medioambiental y económico, destacando siempre la seguridad, la innovación y la calidad.
Además, la planificación de servicios regulares de autobuses y autocares debe prever una oferta equilibrada, adecuada a las necesidades de desplazamiento de todos y que permita, en primer lugar, el acceso a los servicios básicos del estado del bienestar, como la sanidad, la educación o el trabajo y, seguidamente, el desarrollo de actividades recreativas y sociales.
Finalmente, no por ello menos importante, los servicios de transporte escolar resultan esenciales para la sociedad, pero precisan de mayor apoyo y promoción por parte de la Administración. El transporte escolar es una herramienta efectiva y económica para transportar de forma segura a menores y jóvenes, mejorar el tráfico urbano, ahorrar vehículos de la circulación y reducir externalidades como la pérdida de tiempo en horas punta, accidentes y emisiones de gases GEI. Es necesario integrar estos servicios en los Planes de Movilidad Urbana y generar marcos regulatorios adecuados que garanticen la calidad del servicio.
Por todo ello, es necesario un nuevo enfoque en la colaboración público-privada de los servicios de transporte.
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