LOS RETOS A LOS QUE SE ENFRENTARÁ EL FUTURO GOBIERNO
El Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos que se constituya, tras haber sido investido presidente del Gobierno Pedro Sánchez, deberá afrontar, sin mayoría absoluta, un calendario de reformas amenazado por la negociación sobre el futuro de Cataluña.
El primer Gobierno de coalición tras el retorno de la democracia se enfrentará a la crisis territorial más compleja en la historia de España: Cataluña. Además, con solo 155 diputados en el Congreso necesitarán el apoyo de otros 21 parlamentarios para aprobar las reformas que han prometido en materia económica, judicial, social y medioambiental.
El reto más relevante, para garantizarse una cierta estabilidad en la legislatura, será la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ligada a las reformas fiscales anunciadas en las leyes que regulan los impuestos del IRPF, de Sociedades y del IVA.
La legislatura comienza con una situación de inestabilidad consolidada, ahora pendiente de las negociaciones del Gobierno de coalición con distintos agentes políticos y sociales en diferentes mesas de diálogo cuyo desenlace influirá sobre su vigencia.
Gabriel Rufián, portavoz de ERC, vinculó la estabilidad del actual Ejecutivo con una mesa de negociación sobre el futuro de Cataluña que debe reunirse por primera vez dentro de dos semanas.
El PSOE pretende concluir esas conversaciones entre el Gobierno central y el de la Generalitat con una reforma del Estatuto catalán que mejore el autogobierno de esa comunidad autónoma. El PP ya ha anunciado, antes incluso de conocer el contenido de las reformas, que recurrirá ante el Constitucional el nuevo Estatuto si llega a aprobarse en el Parlamento catalán.
El Ministerio de Hacienda deberá elaborar unos Presupuestos que amplían el gasto, en parte por los compromisos de inversiones alcanzados con los grupos parlamentarios que han facilitado la investidura, y que también aumentan los ingresos, a través de una serie de reformas fiscales que garantizarían una tributación mínima del 15% en el impuesto de sociedades (hasta el 18% para entidades financieras y empresas de hidrocarburos), más una subida de dos puntos en el IRPF para contribuyentes con ingresos anuales superiores a 130.000 euros, y de hasta cuatro puntos para quienes superen los 300.000 euros. Esta medida afecta al 0,4% de los contribuyentes.
En cuanto a las pensiones, se pretende reformar el sistema de pensiones en el marco del Pacto de Toledo para garantizar la sostenibilidad del mismo. El gasto anual en pensiones supera desde hace varios años a los ingresos. El plan del Gobierno de coalición consiste en eliminar algunos gastos impropios de la Seguridad Social y reducir las bonificaciones a la contratación. Además, planean derogar las reformas que aprobó el Gobierno del PP sobre el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones, de manera que se garantice su aumento anual similar a la subida del IPC. Sobre este aspecto hay un consenso casi general en la Cámara.
En lo que se refiere al mercado laboral se negociará con los agentes sociales para abordar una serie de medidas que supondrán de hecho la derogación de muchos aspectos, no todos, de la reforma laboral aprobada en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Entre los retos que se han marcado PSOE y Unidas Podemos están los siguientes: Elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Prohibir por ley la posibilidad de despido por absentismo laboral causado por bajas por enfermedad. Los convenios colectivos estarán vigentes hasta la aprobación de unos nuevos. Los convenios de empresa no tendrán prioridad en su aplicación sobre los convenios sectoriales.
De momento, no hay pactos ni compromisos sobre la eliminación del abaratamiento del despido que aprobaron los Gobiernos de Zapatero (de 45 a 33 días por año trabajado) y de Rajoy (de 33 a 20 días por año trabajado).
Entre los anuncios reformistas del Gobierno de coalición destacan la derogación de la ley de seguridad ciudadana, la regulación por ley de la eutanasia y el derecho a una muerte digna, y una reforma de la ley de justicia universal. Sobre estas tres reformas, el Gobierno de coalición tiene, en principio, garantizados los votos suficientes.
La derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reclamada por la Asociación de Fiscales Progresistas, que reducía los plazos de instrucción, se recoge en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos como una de las medidas estrella para luchar contra la corrupción y evitar que esos delitos queden impunes. Contar con los 176 votos necesarios para aprobar esa medida no parece un problema. Al igual que modificar el Código Penal para incorporar como agresión sexual lo que ahora está tipificado como abuso sexual.
El nuevo Gobierno quiere “promover los acuerdos parlamentarios de consenso” que permitan la renovación de los órganos constituciones, como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. La ley establece una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado para acometer esas renovaciones. Sin el concurso del Partido Popular, la renovación de esos órganos está abocada al fracaso. El bloqueo parece, en principio, la opción más probable.
En cuanto a los aforamientos, el Ejecutivo promete reformar la Constitución para restringir los aforamientos políticos “limitándolos al ejercicio de la función por parte del cargo público”. Esa promesa coincide con la que hicieron, en distintos momentos de la última etapa política en España, el Partido Popular y Ciudadanos.
En los programas electorales de los partidos con mayor representación en el Parlamento se establecían, con distintos plazos, una serie de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. PSOE y Unidas Podemos anuncian una ley de cambio climático y transición energética para alcanzar en 2050 una generación de electricidad cuyo origen sea 100% renovable; y entre el 85% y el 95% antes de 2040.
La derogación de la LOMCE, que el PP aprobó sin consenso durante su etapa de mayoría absoluta, es una de las promesas del Gobierno de coalición. Su nueva ley básica de educación, que necesita 176 votos a favor, pretende eliminar la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes. Así, prohibirán la subvención con fondos públicos a centros que segreguen por sexo. Además, la asignatura de religión será de carácter voluntario sin que haya una asignatura alternativa y su nota no será computable a efectos académicos.
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