Después de muchos años como formador me he dado cuenta—y es una observación muy personal—que alrededor de estos movimiento migratorios de personas de otros países, se mueven infinidad de organizaciones no gubernamentales (ONG´s) que independientemente de perseguir un fin social, como es la atención y orientación al inmigrante, creo que algunas de ellas, se mueven por otros motivos y en una serie de subterfugios de diversa índole.
A nadie se le escapa que el Estado dota a estas organizaciones de fondos económicos para que puedan atender a sus “asociados” de tal forma que estas dotaciones cubran las necesidades más perentorias de aquellos que se marcharon de su país para venir al nuestro.
Asesoría Jurídica para la regularización de su situación personal como extranjero, orientación para la inserción laboral, integración intercultural, apoyo psicológico, búsqueda de oportunidades o encaje en la sociedad española, formación para su incorporación al mercado laboral, ayudas inminentes a la familia, etc. etc. Estos fondos son cuantiosos.
Bien es verdad que--los ribetes de sospecha del buen fin de estas organizaciones--, puede poner en evidencia, a la vista de los enormes desencantos de estas personas, de que el tratamiento que reciben es el correcto o no.
Estas organizaciones son regidas por personas que aportan al sistema su buena voluntad, y en algunos casos, abnegación, pero creo que persiguen—como no podía ser de otra forma—una forma de trabajo o actividad ocupacional que pueda cubrir sus expectativas personales, más que las del conjunto.
Es curioso observar que cuando me he puesto en contacto con los responsables de estas ONG´S ofreciéndoles una serie de servicios profesionales—sobre todo en formación-- que pudieran beneficiar a sus asociados para su inserción laboral, estas propuestas, como digo, han caído en saco roto.
También es curioso observar que la mayoría de estos responsables, al presentar estas propuestas se han encontrado reticentes, sobre todo en la fase preliminar de mi exposición, sin poder seguir adelante con mis argumentos, por no interesarle “de entrada” dichas propuestas.
Estas propuestas de colaboración –por mi parte—son totalmente altruistas, por lo que desde un punto de vista lógico, debieran haber sido --si no aceptadas de forma inmediata--, si al menos considerarlas para un futuro. Cabe entonces preguntarse el por qué este rechazo, y por qué estos responsables—cuál es su obligación—deberían haber estudiado seriamente mis propuestas.
Considero que estas acciones puedan ser consideradas por parte de estos responsables como una intrusión externa. Son “reinos de taifa” impenetrables, aunque las aportaciones de personas foráneas puedan ser positivas. Esta barrera de entrada no cabe duda que puede provocar cierta sospecha, y pensar que estas organizaciones aplican el principio “yo me lo guiso, yo me lo como”.
Las sombras de sospechas sobre estas organizaciones no pueden enturbiar por supuesto a aquellas que cumplen escrupulosamente su cometido, pero creo que es el momento de que algún organismo competente, que por supuesto debe existir, fiscalicen a estas organizaciones, con la finalidad de que puedan demostrar que el origen de los fondos—el Estado—y su aplicación—fines sociales—están siendo correctamente utilizados.
En varias de estas organizaciones sin ánimo de lucro he observado que después de que los inmigrantes han realizado cursos de formación, los asistentes sociales de esta Organizaciones realizan contactos con empresas e instituciones españolas—sobre todo de la Comunidad Autónoma de Madrid—a las que ofrecen la bolsa de trabajo con el fin de facilitar un empleo a la mayoría de jóvenes y también adultos, procedentes de países africanos, latinoamericanos y de otras latitudes.
Tampoco se me ha escapado, durante estos años, el enorme drama social de estos inmigrantes, algunos de los cuales reflejan en sus rostros, todas las vicisitudes y problemas que les aquejan. Pero también he observado, que les mueve un enorme espíritu de superación y un inequívoco optimismo ante las dificultades y adversidades. Muchas veces he pensado para mí mismo, cuál sería mi actitud si me encontrara en una situación similar a la suya, en un país que no fuera el mío.
El trabajo de estas Asociaciones consiste en la intervención especializada e integradora, sirviendo de puente entre los inmigrantes y los distintos servicios que se le ofrecen, todo ellos basados en la financiación parcial por parte del Estado.
Como entidad prestadora de servicios, promueve la formación, la investigación social, para que los inmigrantes, la mayoría de ellos sin tener regularizada su situación, se vean apoyados durante el proceso de integración total y definitiva, con una actitud de solidaridad ya que todos los miembros de estas Asociaciones están muy sensibilizados con este problema de la inmigración.
Mi experiencia en el sector privado, como consultor en el análisis y activación de empresas, me permite observar, mediante un contraste entre las cifras presupuestadas y las definitivas, si en ese ir y venir de las partidas de gastos, están o no justificados los mismos, lo que presenta a nivel societario, un problema entre los responsables de empresa, sin en este análisis observo alguna irregularidad. Recuerde el lector lo ocurrido recientemente en los fondos para la formación en Andalucía y otras Comunidades Autónomas españolas.
No sé si en estas ONG´S se siguen los mismos criterios que para una empresa privada, pero no cabe duda de que un control permanente de las acciones de estas, podrían determinar, si nos encontramos o no ante una irregularidad, bien por acción u omisión.
Estas conclusiones, evidentemente deben ser contrastadas con el análisis independiente de un experto en la materia, lo que sin duda aportaría datos y cifras fácilmente contrastables con la realidad, que en el caso de ser coincidentes con los datos aportados por la ONG, esta quedaría exonerada de cualquier sospecha, pero si dichos datos, al contratarse, evidencia un mal control y una mala utilización de los recursos, sus responsables deberían ser investigados y procesados por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
Pedro Rubio Domínguez
Director del IEGE
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